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miércoles, 21 de enero de 2009

De la investigación de los crímenes de la administración Bush por el Presidente Obama o del caminante siempre elige un camino y deja otros

¿Nombrará Obama un fiscal especial para llevar a cabo una investigación independiente de los más graves crímenes cometidos por la administración Bush, incluidos tortura y escuchas ilegales?

Ésa es la pregunta más votada de todas las enviadas por el público a la página web de la oficina del entonces, y hasta ayer, Presidente electo de los EEUU, Barak Obama.

El pasado 11 de enero de 2009, esa misma pregunta le era formulada directamente a Obama en el programa televisivo de la ABC “This week” (ver video).

Obama respondió con una tibieza decepcionante: “Aún estamos evaluando cómo vamos a abordar todo el tema de los interrogatorios, detenciones y demás. Y obviamente miraremos a lo que se ha hecho y no pienso que nadie esté por encima de la ley. Al mismo tiempo, tengo la convicción de que necesitamos mirar hacia delante, más que mirar hacia atrás. Parte de mi trabajo es asegurarme por ejemplo de que en la CIA, donde hay gente con un talento extraordinario trabajando muy duro para preservar la seguridad de los americanos, no se sientan de repente como si tuvieran que pasar su tiempo mirando por encima de sus hombros y contratar un abogado.”

El presentador insiste: “¿Descarta iniciar un procedimiento criminal?”. El entonces Presidente electo parece insinuar que esa decisión correspondería al Fiscal General. “En relación con mi Fiscal General pienso que él es el abogado del pueblo. Eric Holder ha sido nombrado”, dijo Obama. “Su trabajo es hacer respetar la Constitución y velar por los intereses del pueblo americano, no ser influido por mi política de a diario. En última instancia tendrá que tomar algunas decisiones. Pero creo que cuando se habla de seguridad nacional en lo que nos tenemos que concentrar es en poner las cosas en orden en el futuro, en oposición a mirar a lo que se hizo mal en el pasado”.

Mucho, mucho más convincente deberá ser el nuevo Presidente de EEUU para explicar, y convencer, de que la Constitución se puede hacer respetar y de que nadie está por encima de la ley, sin investigar y procesar a quien la viola.

Se percibe un aroma inconfundible, evocador: una variante de la empalagosa fragancia del eterno dilema entre justicia y paz. Las promesas de una incómoda coexistencia social, agitada bajo la luz de la verdad, no es algo que sobrecoja sólo a la recientísima administración de Obama. Al fin y al cabo el asiento del Despacho Oval aún está caliente y otras democracias menos consolidadas, como la española, se ven incapaces de airear armarios mucho más fríos.

Como recordaba Paul Krugman (Nobel de Economía, 2008) en su columna del International Herald Tribune, Obama juró “preservar, proteger y defender la Constitución de los EEUU”. Ése no es un juramento condicional. La decisión de aplicar la ley no es una decisión que Obama, ni muchos otros presidentes del mundo en parecidas tesituras, tengan el derecho de hacer.

En su discurso inaugural como 44º Presidente de los EEUU Obama afirmó: “En cuanto a nuestra defensa común, rechazamos como falsa la opción entre nuestra seguridad y nuestros ideales. Nuestros Padres Fundadores, que afrontaron peligros que poco podemos imaginar, diseñaron un capítulo para asegurar el gobierno de la ley y de los derechos del hombre, un capítulo extendido por la sangre de generaciones. Esos ideales aún iluminan el mundo, y no renunciaremos a ellos por el bien de la conveniencia”.

Pero cuidado, caminante. Si a pesar de los pesares, optaras, como tantos otros hicieron antes, por el camino sin verdad, has de saber que este sendero sólo es fácil en los primeros pasos. Pronto el caminante ya no puede erguir la cabeza y otear alrededor, ni mirar a los ojos de quien con él se cruza. Tal es la desgracia de las sociedades sin valores vibrantes. Y el caminante se confunde ante nuevas encrucijadas que nunca imaginó. Y el caminante se pierde y su gente sufre. Tal es la desgracia de las sociedades que ignoran su estrella polar.

domingo, 11 de enero de 2009

Del hito y de la sentencia contra Charles "Chuckie" Taylor Junior o de la botella medio llena o medio vacía


97 años. Ya hay sentencia para un torturador global norteamericano.

97 años de prisión con los que Charles “Chuckie” Taylor Junior ha sido condenado por la jueza de distrito Cecilia M. Altonaga en Florida (EEUU) el pasado 9 de enero de 2009.

97 años de prisión por crímenes de tortura cometidos en Liberia (1999 - 2003) para el primer ciudadano norteamericano condenado por un tribunal de su país por tortura acaecida fuera del territorio de los EEUU en aplicación del “Extraterritorial Torture Estatue” de 1994 (ver detalles del caso en este blog: “De Charles Taylor y Charles “Chuckie” Taylor Junior o de la semilla del diablo entre rejas”).

97 años que reflejan, en palabras del Asistente del Fiscal General en la División Criminal del Departamento de Justicia de EEUU, Matthew Friedrich, “el horror y la tortura que Taylor Junior infligió a sus víctimas”. “Este caso – continúa Friedrich – se debe en gran parte al coraje de las víctimas que tuvieron la entereza de testificar y decir la verdad sobre lo que se les había hecho. Nuestro mensaje a quienes violan los derechos humanos, sin importar donde se encuentren, sigue siendo el mismo: Aplicaremos la ley de los EEUU con todo su peso y haremos uso de todo recurso legal a disposición de nuestros investigadores y fiscales para juzgaros por vuestros crímenes”.

Resonantes palabras, en verdad, las del comunicado de prensa oficial del Departamento de Justicia, días antes de que empiece a rodar la administración Obama. Flamante administración que encontrará en los polémicos coqueteos con la tortura de la administración Bush uno de sus retos más espinosos.

Muchos ciudadanos norteamericanos exigen una restitución de la estatura moral del país. Muchos consideramos que el coherente respeto del Estado de Derecho, particularmente en crímenes de esta gravedad, no sólo repara la dignidad de la víctima sino también la de la sociedad en cuyo seno se pudo gestar la terrible ofensa.

“Qui Pro Domina Justitia Sequitur” (“Quien procesa en nombre de la Justicia”) reza el lema del Departamento de Justicia de EEUU.

Procese.
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miércoles, 26 de noviembre de 2008

De Charles Taylor y Charles “Chuckie” Taylor Junior o de la semilla del diablo entre rejas

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Charles Taylor y Charles “Chuckie” Taylor Junior, padre e hijo, tras haber escrito con vehemencia algunas frases de la (inconclusa, me temo) historia de la ignominia del hombre, están ahora haciendo historia (a su pesar, me temo también) en el ámbito de la Justicia Universal. Sus casos están abriendo capítulos de esperanza, dignidad y reparación. Esta es la historia de Charles Taylor y su hijo Charles “Chuckie” Taylor.

Charles Taylor lideró el National Patriotic Front of Liberia (NPFL) entre 1989 y 1997, en armas contra el entonces Presidente de Liberia, Samuel K. Doe. En 1997 terminaba un conflicto caracterizado por brutales abusos de civiles y el uso de niños soldados con la elección de Taylor como Presidente de Liberia. El eslogan de su campaña no podía reflejar mejor la estatura moral del candidato: "He killed my Ma, he killed my Pa, but I will vote for him (Mató a mi mamá, mató a mi papá, pero votaré por él)”.

Su presidencia, como su rebeldía, se basó en la violencia, la represión y los abusos graves de derechos humanos, lo que alimentaría un retorno al conflicto desde 1999. En 2003, ante la presión de sus enemigos que llegaban ya a las calles de Monrovia, Charles Taylor abandonó Liberia, el cetro presidencial y la piel de león que adornaba su trono. Desgraciadamente, Taylor no se limitó a las fronteras del pequeño país del occidente africano. Sus muchachos también cometieron abusos en apoyo de facciones rebeldes implicadas en conflictos internos de otros países vecinos como Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil.

En el momento que su padre se hacía con la presidencia, Charles “Chuckie” Taylor Junior, nacido en Massachussets (donde su padre estudiara Economía), abandona los Estados Unidos y se instala en Monrovia donde dirigió, en apoyo de papá Presidente, la Anti Terrorist Unit (ATU), también conocida como “Demon Forces” o “Fuerzas del Demonio” (una familia con querencia por nomenclaturas explícitas, parece). Las técnicas usadas por los chicos de la ATU incluían el asesinato, apaleamiento, enterramientos colectivos, descargas eléctricas, mutilaciones de genitales, y otras formas de sugestión durante el interrogatorio tipificadas como tortura.

Los Taylor están hoy en prisión. Con sus casos se abren brechas para la expansión de la Justicia Universal.

Charles Taylor, padre, es el primer presidente de un país africano (hay otros en la lista de espera) enjuiciado por un tribunal penal internacional: la Corte Especial para Sierra Leona. La Corte es de carácter “mixto, híbrido o internacionalizado”, lo que añade al apoyo de la ONU un especial énfasis a la participación de Sierra Leona en su composición y funcionamiento. En la actualidad Taylor está detenido en la Haya (Holanda), a petición de la Corte, a pesar de que las actividades normales de ésta se desarrollan en Sierra Leona, pues se temía por la estabilidad de la región si el enjuiciamiento se produjese en Freetown, sede de la Corte.
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Taylor está acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos durante su presunto apoyo a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona. Algunos de los cargos hechos contra él incluyen asesinato, mutilación de extremidades de civiles, uso de mujeres y niñas como esclavas sexuales, secuestro de adultos y menores para realizar trabajos forzados o luchar en apoyo de rebeldes en Sierra Leona. Actualmente las vistas del juicio continúan y se espera que la Corte emita sentencia en 2009.

Charles “Chuckie” Taylor Junior tiene, a su vez, el dudoso honor de ser el primer individuo juzgado por un tribunal nacional de EEUU (en Florida, para ser más preciso) por delitos de tortura cometidos fuera del territorio norteamericano. “Chuckie” ha sido declarado culpable en Octubre de 2008 de todos los cargos de tortura presentados contra él. Su sentencia se conocerá en Enero de 2009.

La condena de Taylor hijo tiene una relevancia especial en el contexto de la Justicia Universal. Este enjuiciamiento surge en aplicación del “Extraterritorial Torture Estatue” aprobado en 1994. Catorce años después de haberse dotado los EEUU de esta ley de aplicación interna de la Convención contra la Tortura, por fin la fiscalía federal ha hecho uso de esta ventana legal que universaliza la jurisdicción americana haciéndola competente para conocer casos de tortura cometidos por individuos que se encuentran en territorio americano, independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima y del lugar del delito (otros países, como España, van un paso más lejos y podrían incluso ejercer su jurisdicción contra individuos no presentes en su territorio, basándose en la gravedad del delito y su obligación de perseguirlo).

En los últimos años se está viendo un esperanzador progreso en EEUU con un incremento del tipo de delitos que podrían perseguirse de forma similar a la tortura. Dos leyes han sido recientemente aprobadas cubriendo delitos de Genocidio (Genocide Accountability Act 2007) y el uso de niños soldados (Child Soldiers Accountability Act 2008).

Estas leyes, y su aplicación, tienen como efecto fundamental excluir el territorio norteamericano de la lista de posibles refugios para los autores de los crímenes más deleznables. Cada día más, los criminales del planeta van a tener que estudiar mejor su itinerario de viaje. Con suerte, un día no muy lejano, no haya un lugar sin rejas donde puedan ir.
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miércoles, 5 de noviembre de 2008

De Obama y el Tribunal Penal Internacional (TPI) o de los jardines de la Atlántida




Es difícil imaginar una contribución más exquisitamente nefasta para la evolución de la Justicia Universal y la reducción de la impunidad que el legado dejado por el saliente Presidente George W. Bush: una coherente plétora de vejaciones físicas y morales inflingidas no sólo a los detenidos de su llamada “guerra contra el terror”, sino a la propia sociedad norteamericana y a la comunidad de países y ciudadanos que aspiran cotidianamente a la primacía de ley y el respeto de la dignidad humana.

La administración Bush no sólo revocó la firma depositada por su predecesor William J. Clinton en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (in extremis eso sí, al final de su mandato y con reservas para iniciar el proceso de ratificación hasta haber logrado mayores garantías para militares y ciudadanos norteamericanos frente a la jurisdicción del TPI). También se embarcó en una activa campaña de deslegitimación del TPI y negoció más de 100 Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA, siglas en inglés) para así evitar el posible enjuiciamiento de militares norteamericanos por el TPI. Asimismo rechazó la cooperación de EEUU con las investigaciones iniciadas por la Corte.

En efecto, desde un punto de vista técnico-jurídico, parece exhaustivo el esfuerzo. Y clinicamente, paranoico. Especialmente cuando se tiene en cuenta que la “amenaza” está encarnada por un tribunal destinado a juzgar los crímenes más atroces conocidos por la humanidad. Se va a necesitar una gitana muy poderosa que pueda conjurar el mal de ojo que ha echado el payo Bush a la Justicia Internacional. El nuevo Presidente de EEUU, Barack H. Obama, va a necesitar mantener las mangas de su camisa remangadas un buen tiempo antes de deshacer el entuerto. El ovillo tiene muchos cabos… y muchos nudos.

En las declaraciones más recientes sobre el TPI del entonces candidato (Octubre 2008), Obama afirmó que EEUU cooperaría con la Corte en la investigación de las causas que ésta hubiera abierto. También dijo a propósito de la relación de EEUU con el TPI: “Ahora que es operacional, estamos aprendiendo más y más acerca de las funciones del TPI. El Tribunal ha investigado sólo casos de los crímenes más graves y sistemáticos y es en el interés de América que los criminales más detestables, como los autores del genocidio en Darfur sean procesados. Estas acciones dan crédito a la causa de la justicia y merecen total apoyo y cooperación por la parte de los EEUU. Pero el TPI es todavía reciente, y muchos interrogantes se mantienen aún abiertos acerca del marco de sus actividades y es prematuro comprometer a los EEUU en cualquier dirección en este momento”.

Un mensaje esperanzador aunque complaciéndose en exceso en la pretendida incertidumbre de la Corte. Las funciones del TPI no se improvisan. Fueron objeto de una intensa negociación donde la delegación norteamericana, guiada por el Embajador David Scheffer, tuvo un lugar predominante. Acéptese de todas maneras el comentario como un gesto de prudencia, un guiño que prepara la segunda parte de su declaración: “Los EEUU tienen más tropas desplegadas en el extranjero que cualquier otra nación y ese ejército sobrelleva una parte desproporcionada de la carga que representa la protección de los norteamericanos y la preservación de la seguridad internacional. La máxima protección para los miembros de las fuerzas armadas debería acompañar este mayor riesgo. Por consiguiente, consultaré en detalle con nuestros comandantes militares y examinaré asimismo los precedentes del Tribunal antes de tomar una decisión acerca de si EEUU debería ser parte del TPI.”

Pero si bien el Pentágono incidirá en la firmeza, la dimensión política del acercamiento al TPI marcará la cadencia de los pasos del funambulista Obama sobre la cuerda floja de la Justicia Universal. Su anterior asesora en política internacional, Samantha Power, ya se había encargado de señalar los límites del camino: “Hasta que no hayamos cerrado Guantánamo, salido de Irak con responsabilidad, renunciado a la tortura y mostrado una cara diferente de América, la participación de EEUU en el TPI va a hacer pensar a otros países que el TPI es una herramienta de la hegemonía norteamericana. Si Obama ratificara el TPI o anunciara su apoyo desde el día uno, pasarían dos cosas. Uno, podría desacreditar al propio TPI en el corto plazo, y dos, sometería sus relaciones con las fuerzas armadas a una presión tal que sería difícil superarla. Hay mucha más diplomacia interna, conversaciones internas sobre soberanía y demás que deben tener lugar antes de que puedas pensar en ello.”

Sin embargo Power, no hace referencia al efecto legitimador que la ratificación del Estatuto del TPI podría tener en la tan esperada nueva política exterior norteamericana. Tanto es así que ya muchos analistas se plantean si es el TPI el que necesita a los EEUU o las EEUU al TPI… De todas formas, la integración formal de EEUU como estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional puede llevar tiempo. Pero acabara sucediendo. Aunque sea en un segundo mandato. No sólo habrán de vencerse las resistencias de un aparato militar que lleva más de 7 años trabajando sin guantes, acumulando escombro y sin la tarea hecha. También habrá de proyectarse una imagen renovada de la firmeza con la que EEUU se somete a sus propias leyes, de la coherencia con la que sus acciones están inspiradas por sus más altos valores. -

Construir siempre fue más laborioso que destruir. Levantar una columna es más difícil que derrumbarla. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Si no que se lo pregunten al jardinero de la Atlántida.
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