Hace hoy exactamente 19 años. El 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador, Ignacio Ellacuría S.J.; el vicerrector académico, Ignacio Martín-Baró S.J.; el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Segundo Montes S.J.; el director de la Biblioteca de teología, Juan Ramón Moreno S.J.; el profesor de filosofía, Amando López S.J., junto con Joaquín López y López S.J., y dos empleadas de la Universidad, Elba y Celina Ramos fueron asesinados por un pelotón del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.
El crimen tuvo lugar en la etapa final de la guerra civil que asoló El Salvador con más de 75,000 muertos y desaparecidos durante el periodo 1980-1992 enfrentando al Gobierno y el grupo insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apoyados respectivamente por las potencias que alimentaban el fuego de la guerra fría. La matanza de los Jesuitas provocó una sentida indignación internacional que aumentó la presión diplomática por una solución dialogada del conflicto. Así, en 1992 se firmarían en México los Acuerdos de Paz de Chapultepec.
El caso de los Jesuitas se ha convertido en un paradigma de la historia reciente de El Salvador. No sólo simboliza la barbarie de una guerra, también el agotador y difícil camino que la verdad y la justicia recorren aún en El Salvador.
Hace apenas unos días, el 13 de noviembre de 2008, ese camino tomó un nuevo viraje. Dos organizaciones de derechos humanos, la “Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)” y la organización norteamericana “The Center For Justice & Accountability (CJA)” presentaron una querella en la Audiencia Nacional española denunciando al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a otros 14 mandos militares por el asesinato y su encubrimiento.
Del camino recorrido
Tras los Acuerdos de Paz, El Salvador se enfrentó, como otras sociedades en transición, con el dilema de cómo abordar las responsabilidades derivadas de la sistemática violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Comenzó entonces la, hoy inconclusa, etapa de reconciliación nacional. Una Comisión de la Verdad fue constituida por los Acuerdos de Paz con el mandato de investigar la violencia cometida por las dos partes beligerantes con especial referencia a la superación de la impunidad.
Entre otros elementos, esta Comisión encontró abundantes pruebas sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de los Jesuitas. Dos de ellos, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, fueron condenados por un jurado en 1992. Sin embargo, y como sucediera en Chile y Argentina, se impuso la “necesidad del olvido”. El 20 de marzo de 1993, sólo cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, se aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”. Los dos únicos condenados hasta ese momento fueron puestos en libertad. Dicha ley fue impugnada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la cual se declaró incompetente para revisar la inconstitucionalidad de la misma, con el argumento de que la amnistía constituía un acto “eminentemente político”… así como su sentencia, digo, aunque aclaraba que competiría a los jueces decidir su aplicabilidad en casos de crímenes contra la humanidad.
Años mas tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diría en su informe de 1999 sobre el crimen contra los Jesuitas que la Ley de Amnistía General de 1993, vulnera el derecho a la justicia y la “obligación indelegable de investigar, procesar y sancionar en razón de que la amnistía aseguró la impunidad de los autores mediatos e inmediatos de la masacre”. Asimismo la “Ley de Amnistía ignora el derecho a la verdad” recogido en la Convención Americana, la cual “establece la obligación del Estado de satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad sobre los hechos fácticos de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador y la identidad de quienes participaron en ellas”.
Apenas unos meses después de ser emitido este informe, en Marzo de 2000, José María Tojeira, Rector de la UCA, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de El Salvador para poner fin a la impunidad en el caso de los Jesuitas. La Fiscalía se inhibió argumentando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Constitucionalidad que confirmó la Corte, no sin polémica, a finales de 2000.
En 2001, familiares de los Jesuitas presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, principalmente arguyendo la falta de tutela judicial efectiva extendida por el Estado de El Salvador en el caso de los Jesuitas. La Sala, integrada por 5 magistrados, emitió en 2003 una interesantísima sentencia, o más bien debería decir, un interesantísimo voto particular.
La sentencia recoge un voto mayoritario de 4 jueces desestimando el amparo, más de lo mismo. Pero tras deambular el lector de la sentencia, por un túnel sinuoso, oscuro, plagado de trampas semánticas y procesales, finalmente entra, a través del voto particular de la Magistrada Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, en una casa donde la luz desborda por puertas y ventanas. La magistrada desmonta una a una las conclusiones de sus compañeros y destaca la trascendencia de las normas de derecho internacional sobre Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (con especial énfasis en el Art. 3 de los Convenios de Ginebra), todas ellas vinculantes para El Salvador.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional rechazando la petición de Amparo, emitió un emotivo comunicado en el que critica la injusticia que encarna la decisión, y alude a la cobardía e ignorancia de los jueces. No exageró, el Instituto. Al final del comunicado el IDHUCA hace una interesante referencia a la dimensión internacional que se abre con la persistente negación de justicia: “Para beneficio de las víctimas e intranquilidad de victimarios, cómplices y funcionarios que los encubrieron antes y ahora, este tipo de resoluciones facilita el trámite en otras instancias internacionales. El Ejecutivo y los poderosos son buenos para ganar casos al interior de El Salvador, por lo que se sienten y creen intocables. Pero no se debe olvidar que tienen una larga trayectoria de inutilidad e ineficiencia en los tribunales internacionales…”.
Del camino por recorrer
Sin embargo, tras la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional el pasado 13 de noviembre por parte de CJA y APDHE, José Maria Tojeira, actual rector de la UCA, declaró en rueda de prensa que la Compañía de Jesús y la UCA “respetan” la demanda pero que “desde hace años han tomado la decisión de actuar en el caso de los Jesuitas fallecidos exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador”. Explicó que la congregación no participará “en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador”. Tojeira también recordó que la Compañía de Jesús mantenía aún dos procesos abiertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuyas recomendaciones han sido hasta hoy ignoradas por el Estado salvadoreño). Añadió el rector: “Creemos que hay que trabajar fuerte en El Salvador para que nuestra institucionalidad funcione y nuestros propios mecanismos jurídicos y pactos internacionales funcionen”.
Al leer estas líneas, debo confesar que me invadió una sensación extraña. El compromiso de la Compañía de Jesús con el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros está fuera de toda duda. Durante 19 años han mantenido viva la llama de su recuerdo y luchado con valentía y dignidad. ¿Por qué renunciar, entonces, a una herramienta adicional del sistema jurídico internacional cuyo recurso está plenamente justificado tras casi dos décadas de obstinada impunidad? Ignoro la profundidad en la que se hunden las raíces de esta postura y por ello evitaré caer en la tentación de especular sobre presiones e influencias que no puedo probar. Sin embargo, si considero apropiado introducir algún matiz a la argumentación pública del padre Tojeira, pues esos argumentos podrían ser usados, o tergiversados, por otros grupos con poco interés en la justicia.
Pareciera que el núcleo de su postura encuentra su base en la solución más clásica de la problemática que existe entre Soberanía y Jurisdicción Universal, la cual percibe el ejercicio de la jurisdicción de un país diferente al de la comisión de los crímenes contra la humanidad como una injerencia en la soberanía del Estado donde el crimen acaece. Pero, como explica Manuel Ollé Sesé en “Justicia universal para crímenes internacionales”, la pasividad del Estado que permanece inactivo ante la comisión de crímenes internacionales, incurre en responsabilidad internacional, y permite la intervención de otro Estado en representación de la comunidad internacional.
En cuanto al “marco salvadoreño” aludido por Tojeira, debe considerarse que en el ámbito de la represión de crímenes contra la humanidad resultaría improcedente establecer límites excluyentes entre jurisdicciones de los miembros de la comunidad internacional, miembros obligados a proteger el bien común de la dignidad humana. Añade Ollé, “si un Estado soberano incumple sus mandatos internacionales será otro Estado el que, en legitimo ejercicio de su soberanía colme esa laguna”.
El rector de la UCA también, y de forma muy sensata y acertada, concentra los esfuerzos en “trabajar fuerte en El Salvador” para que los mecanismos del país funcionen. Sin embargo, sería desafortunado deducir que la posible acción de la Audiencia Nacional española tendría un efecto neutralizador de la transformación nacional en El Salvador. Nada podría hacerse desde fuera, sin contar con la total implicación de la sociedad salvadoreña. El ejercicio de la jurisdicción universal por un tribunal español es un mero apoyo, importante apoyo, a todos los sectores de la sociedad salvadoreña que trabajan por la justicia y la verdad.
Mirando atrás, puede constatarse el efecto dinamizador que tuvo en Chile el, inicialmente polémico, proceso contra Pinochet iniciado en Madrid. El éxito no fue de la Audiencia Nacional española. El éxito fue de la sociedad chilena, que reabrió un debate cerrado en falso y lo resolvió con un cúmulo complejo de reformas políticas, institucionales y decisiones judiciales. Chile se fortaleció. Muchos preconizaron el desastre.
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El crimen tuvo lugar en la etapa final de la guerra civil que asoló El Salvador con más de 75,000 muertos y desaparecidos durante el periodo 1980-1992 enfrentando al Gobierno y el grupo insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apoyados respectivamente por las potencias que alimentaban el fuego de la guerra fría. La matanza de los Jesuitas provocó una sentida indignación internacional que aumentó la presión diplomática por una solución dialogada del conflicto. Así, en 1992 se firmarían en México los Acuerdos de Paz de Chapultepec.
El caso de los Jesuitas se ha convertido en un paradigma de la historia reciente de El Salvador. No sólo simboliza la barbarie de una guerra, también el agotador y difícil camino que la verdad y la justicia recorren aún en El Salvador.
Hace apenas unos días, el 13 de noviembre de 2008, ese camino tomó un nuevo viraje. Dos organizaciones de derechos humanos, la “Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)” y la organización norteamericana “The Center For Justice & Accountability (CJA)” presentaron una querella en la Audiencia Nacional española denunciando al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a otros 14 mandos militares por el asesinato y su encubrimiento.
Del camino recorrido
Tras los Acuerdos de Paz, El Salvador se enfrentó, como otras sociedades en transición, con el dilema de cómo abordar las responsabilidades derivadas de la sistemática violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Comenzó entonces la, hoy inconclusa, etapa de reconciliación nacional. Una Comisión de la Verdad fue constituida por los Acuerdos de Paz con el mandato de investigar la violencia cometida por las dos partes beligerantes con especial referencia a la superación de la impunidad.
Entre otros elementos, esta Comisión encontró abundantes pruebas sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de los Jesuitas. Dos de ellos, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, fueron condenados por un jurado en 1992. Sin embargo, y como sucediera en Chile y Argentina, se impuso la “necesidad del olvido”. El 20 de marzo de 1993, sólo cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, se aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”. Los dos únicos condenados hasta ese momento fueron puestos en libertad. Dicha ley fue impugnada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la cual se declaró incompetente para revisar la inconstitucionalidad de la misma, con el argumento de que la amnistía constituía un acto “eminentemente político”… así como su sentencia, digo, aunque aclaraba que competiría a los jueces decidir su aplicabilidad en casos de crímenes contra la humanidad.
Años mas tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diría en su informe de 1999 sobre el crimen contra los Jesuitas que la Ley de Amnistía General de 1993, vulnera el derecho a la justicia y la “obligación indelegable de investigar, procesar y sancionar en razón de que la amnistía aseguró la impunidad de los autores mediatos e inmediatos de la masacre”. Asimismo la “Ley de Amnistía ignora el derecho a la verdad” recogido en la Convención Americana, la cual “establece la obligación del Estado de satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad sobre los hechos fácticos de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador y la identidad de quienes participaron en ellas”.
Apenas unos meses después de ser emitido este informe, en Marzo de 2000, José María Tojeira, Rector de la UCA, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de El Salvador para poner fin a la impunidad en el caso de los Jesuitas. La Fiscalía se inhibió argumentando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Constitucionalidad que confirmó la Corte, no sin polémica, a finales de 2000.
En 2001, familiares de los Jesuitas presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, principalmente arguyendo la falta de tutela judicial efectiva extendida por el Estado de El Salvador en el caso de los Jesuitas. La Sala, integrada por 5 magistrados, emitió en 2003 una interesantísima sentencia, o más bien debería decir, un interesantísimo voto particular.
La sentencia recoge un voto mayoritario de 4 jueces desestimando el amparo, más de lo mismo. Pero tras deambular el lector de la sentencia, por un túnel sinuoso, oscuro, plagado de trampas semánticas y procesales, finalmente entra, a través del voto particular de la Magistrada Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, en una casa donde la luz desborda por puertas y ventanas. La magistrada desmonta una a una las conclusiones de sus compañeros y destaca la trascendencia de las normas de derecho internacional sobre Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (con especial énfasis en el Art. 3 de los Convenios de Ginebra), todas ellas vinculantes para El Salvador.
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional rechazando la petición de Amparo, emitió un emotivo comunicado en el que critica la injusticia que encarna la decisión, y alude a la cobardía e ignorancia de los jueces. No exageró, el Instituto. Al final del comunicado el IDHUCA hace una interesante referencia a la dimensión internacional que se abre con la persistente negación de justicia: “Para beneficio de las víctimas e intranquilidad de victimarios, cómplices y funcionarios que los encubrieron antes y ahora, este tipo de resoluciones facilita el trámite en otras instancias internacionales. El Ejecutivo y los poderosos son buenos para ganar casos al interior de El Salvador, por lo que se sienten y creen intocables. Pero no se debe olvidar que tienen una larga trayectoria de inutilidad e ineficiencia en los tribunales internacionales…”.
Del camino por recorrer
Sin embargo, tras la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional el pasado 13 de noviembre por parte de CJA y APDHE, José Maria Tojeira, actual rector de la UCA, declaró en rueda de prensa que la Compañía de Jesús y la UCA “respetan” la demanda pero que “desde hace años han tomado la decisión de actuar en el caso de los Jesuitas fallecidos exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador”. Explicó que la congregación no participará “en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador”. Tojeira también recordó que la Compañía de Jesús mantenía aún dos procesos abiertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuyas recomendaciones han sido hasta hoy ignoradas por el Estado salvadoreño). Añadió el rector: “Creemos que hay que trabajar fuerte en El Salvador para que nuestra institucionalidad funcione y nuestros propios mecanismos jurídicos y pactos internacionales funcionen”.
Al leer estas líneas, debo confesar que me invadió una sensación extraña. El compromiso de la Compañía de Jesús con el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros está fuera de toda duda. Durante 19 años han mantenido viva la llama de su recuerdo y luchado con valentía y dignidad. ¿Por qué renunciar, entonces, a una herramienta adicional del sistema jurídico internacional cuyo recurso está plenamente justificado tras casi dos décadas de obstinada impunidad? Ignoro la profundidad en la que se hunden las raíces de esta postura y por ello evitaré caer en la tentación de especular sobre presiones e influencias que no puedo probar. Sin embargo, si considero apropiado introducir algún matiz a la argumentación pública del padre Tojeira, pues esos argumentos podrían ser usados, o tergiversados, por otros grupos con poco interés en la justicia.
Pareciera que el núcleo de su postura encuentra su base en la solución más clásica de la problemática que existe entre Soberanía y Jurisdicción Universal, la cual percibe el ejercicio de la jurisdicción de un país diferente al de la comisión de los crímenes contra la humanidad como una injerencia en la soberanía del Estado donde el crimen acaece. Pero, como explica Manuel Ollé Sesé en “Justicia universal para crímenes internacionales”, la pasividad del Estado que permanece inactivo ante la comisión de crímenes internacionales, incurre en responsabilidad internacional, y permite la intervención de otro Estado en representación de la comunidad internacional.
En cuanto al “marco salvadoreño” aludido por Tojeira, debe considerarse que en el ámbito de la represión de crímenes contra la humanidad resultaría improcedente establecer límites excluyentes entre jurisdicciones de los miembros de la comunidad internacional, miembros obligados a proteger el bien común de la dignidad humana. Añade Ollé, “si un Estado soberano incumple sus mandatos internacionales será otro Estado el que, en legitimo ejercicio de su soberanía colme esa laguna”.
El rector de la UCA también, y de forma muy sensata y acertada, concentra los esfuerzos en “trabajar fuerte en El Salvador” para que los mecanismos del país funcionen. Sin embargo, sería desafortunado deducir que la posible acción de la Audiencia Nacional española tendría un efecto neutralizador de la transformación nacional en El Salvador. Nada podría hacerse desde fuera, sin contar con la total implicación de la sociedad salvadoreña. El ejercicio de la jurisdicción universal por un tribunal español es un mero apoyo, importante apoyo, a todos los sectores de la sociedad salvadoreña que trabajan por la justicia y la verdad.
Mirando atrás, puede constatarse el efecto dinamizador que tuvo en Chile el, inicialmente polémico, proceso contra Pinochet iniciado en Madrid. El éxito no fue de la Audiencia Nacional española. El éxito fue de la sociedad chilena, que reabrió un debate cerrado en falso y lo resolvió con un cúmulo complejo de reformas políticas, institucionales y decisiones judiciales. Chile se fortaleció. Muchos preconizaron el desastre.
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