De Charles Taylor y Charles “Chuckie” Taylor Junior o de la semilla del diablo entre rejas

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Charles Taylor y Charles “Chuckie” Taylor Junior, padre e hijo, tras haber escrito con vehemencia algunas frases de la (inconclusa, me temo) historia de la ignominia del hombre, están ahora haciendo historia (a su pesar, me temo también) en el ámbito de la Justicia Universal. Sus casos están abriendo capítulos de esperanza, dignidad y reparación. Esta es la historia de Charles Taylor y su hijo Charles “Chuckie” Taylor.

Charles Taylor lideró el National Patriotic Front of Liberia (NPFL) entre 1989 y 1997, en armas contra el entonces Presidente de Liberia, Samuel K. Doe. En 1997 terminaba un conflicto caracterizado por brutales abusos de civiles y el uso de niños soldados con la elección de Taylor como Presidente de Liberia. El eslogan de su campaña no podía reflejar mejor la estatura moral del candidato: "He killed my Ma, he killed my Pa, but I will vote for him (Mató a mi mamá, mató a mi papá, pero votaré por él)”.

Su presidencia, como su rebeldía, se basó en la violencia, la represión y los abusos graves de derechos humanos, lo que alimentaría un retorno al conflicto desde 1999. En 2003, ante la presión de sus enemigos que llegaban ya a las calles de Monrovia, Charles Taylor abandonó Liberia, el cetro presidencial y la piel de león que adornaba su trono. Desgraciadamente, Taylor no se limitó a las fronteras del pequeño país del occidente africano. Sus muchachos también cometieron abusos en apoyo de facciones rebeldes implicadas en conflictos internos de otros países vecinos como Sierra Leona, Guinea y Costa de Marfil.

En el momento que su padre se hacía con la presidencia, Charles “Chuckie” Taylor Junior, nacido en Massachussets (donde su padre estudiara Economía), abandona los Estados Unidos y se instala en Monrovia donde dirigió, en apoyo de papá Presidente, la Anti Terrorist Unit (ATU), también conocida como “Demon Forces” o “Fuerzas del Demonio” (una familia con querencia por nomenclaturas explícitas, parece). Las técnicas usadas por los chicos de la ATU incluían el asesinato, apaleamiento, enterramientos colectivos, descargas eléctricas, mutilaciones de genitales, y otras formas de sugestión durante el interrogatorio tipificadas como tortura.

Los Taylor están hoy en prisión. Con sus casos se abren brechas para la expansión de la Justicia Universal.

Charles Taylor, padre, es el primer presidente de un país africano (hay otros en la lista de espera) enjuiciado por un tribunal penal internacional: la Corte Especial para Sierra Leona. La Corte es de carácter “mixto, híbrido o internacionalizado”, lo que añade al apoyo de la ONU un especial énfasis a la participación de Sierra Leona en su composición y funcionamiento. En la actualidad Taylor está detenido en la Haya (Holanda), a petición de la Corte, a pesar de que las actividades normales de ésta se desarrollan en Sierra Leona, pues se temía por la estabilidad de la región si el enjuiciamiento se produjese en Freetown, sede de la Corte.

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Taylor está acusado de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidos durante su presunto apoyo a las fuerzas rebeldes de Sierra Leona. Algunos de los cargos hechos contra él incluyen asesinato, mutilación de extremidades de civiles, uso de mujeres y niñas como esclavas sexuales, secuestro de adultos y menores para realizar trabajos forzados o luchar en apoyo de rebeldes en Sierra Leona. Actualmente las vistas del juicio continúan y se espera que la Corte emita sentencia en 2009.

Charles “Chuckie” Taylor Junior tiene, a su vez, el dudoso honor de ser el primer individuo juzgado por un tribunal nacional de EEUU (en Florida, para ser más preciso) por delitos de tortura cometidos fuera del territorio norteamericano. “Chuckie” ha sido declarado culpable en Octubre de 2008 de todos los cargos de tortura presentados contra él. Su sentencia se conocerá en Enero de 2009.

La condena de Taylor hijo tiene una relevancia especial en el contexto de la Justicia Universal. Este enjuiciamiento surge en aplicación del “Extraterritorial Torture Estatue” aprobado en 1994. Catorce años después de haberse dotado los EEUU de esta ley de aplicación interna de la Convención contra la Tortura, por fin la fiscalía federal ha hecho uso de esta ventana legal que universaliza la jurisdicción americana haciéndola competente para conocer casos de tortura cometidos por individuos que se encuentran en territorio americano, independientemente de la nacionalidad del autor o de la víctima y del lugar del delito (otros países, como España, van un paso más lejos y podrían incluso ejercer su jurisdicción contra individuos no presentes en su territorio, basándose en la gravedad del delito y su obligación de perseguirlo).

En los últimos años se está viendo un esperanzador progreso en EEUU con un incremento del tipo de delitos que podrían perseguirse de forma similar a la tortura. Dos leyes han sido recientemente aprobadas cubriendo delitos de Genocidio (Genocide Accountability Act 2007) y el uso de niños soldados (Child Soldiers Accountability Act 2008).

Estas leyes, y su aplicación, tienen como efecto fundamental excluir el territorio norteamericano de la lista de posibles refugios para los autores de los crímenes más deleznables. Cada día más, los criminales del planeta van a tener que estudiar mejor su itinerario de viaje. Con suerte, un día no muy lejano, no haya un lugar sin rejas donde puedan ir.

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[Ver en este blog también: "Del hito y de la sentencia contra Charles "Chuckie" Taylor Junior o de la botella medio llena o medio vacía"]

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De El Salvador y el asesinato de los Jesuitas de la UCA o de la pegajosa impunidad

Hace hoy exactamente 19 años. El 16 de noviembre de 1989, el rector de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) de El Salvador, Ignacio Ellacuría S.J.; el vicerrector académico, Ignacio Martín-Baró S.J.; el director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Segundo Montes S.J.; el director de la Biblioteca de teología, Juan Ramón Moreno S.J.; el profesor de filosofía, Amando López S.J., junto con Joaquín López y López S.J., y dos empleadas de la Universidad, Elba y Celina Ramos fueron asesinados por un pelotón del Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador.

El crimen tuvo lugar en la etapa final de la guerra civil que asoló El Salvador con más de 75,000 muertos y desaparecidos durante el periodo 1980-1992 enfrentando al Gobierno y el grupo insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), apoyados respectivamente por las potencias que alimentaban el fuego de la guerra fría. La matanza de los Jesuitas provocó una sentida indignación internacional que aumentó la presión diplomática por una solución dialogada del conflicto. Así, en 1992 se firmarían en México los Acuerdos de Paz de Chapultepec.

El caso de los Jesuitas se ha convertido en un paradigma de la historia reciente de El Salvador. No sólo simboliza la barbarie de una guerra, también el agotador y difícil camino que la verdad y la justicia recorren aún en El Salvador.

Hace apenas unos días, el 13 de noviembre de 2008, ese camino tomó un nuevo viraje. Dos organizaciones de derechos humanos, la “Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE)” y la organización norteamericana “The Center For Justice & Accountability (CJA)” presentaron una querella en la Audiencia Nacional española denunciando al ex presidente salvadoreño Alfredo Cristiani y a otros 14 mandos militares por el asesinato y su encubrimiento.

Del camino recorrido

Tras los Acuerdos de Paz, El Salvador se enfrentó, como otras sociedades en transición, con el dilema de cómo abordar las responsabilidades derivadas de la sistemática violación de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Comenzó entonces la, hoy inconclusa, etapa de reconciliación nacional. Una Comisión de la Verdad fue constituida por los Acuerdos de Paz con el mandato de investigar la violencia cometida por las dos partes beligerantes con especial referencia a la superación de la impunidad.

Entre otros elementos, esta Comisión encontró abundantes pruebas sobre los autores materiales e intelectuales del asesinato de los Jesuitas. Dos de ellos, el Coronel Guillermo Alfredo Benavides y el Teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos, fueron condenados por un jurado en 1992. Sin embargo, y como sucediera en Chile y Argentina, se impuso la “necesidad del olvido”. El 20 de marzo de 1993, sólo cinco días después de presentado el informe de la Comisión de la Verdad, se aprobó la “Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz”. Los dos únicos condenados hasta ese momento fueron puestos en libertad. Dicha ley fue impugnada por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, la cual se declaró incompetente para revisar la inconstitucionalidad de la misma, con el argumento de que la amnistía constituía un acto “eminentemente político”… así como su sentencia, digo, aunque aclaraba que competiría a los jueces decidir su aplicabilidad en casos de crímenes contra la humanidad.

Años mas tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) diría en su informe de 1999 sobre el crimen contra los Jesuitas que la Ley de Amnistía General de 1993, vulnera el derecho a la justicia y la “obligación indelegable de investigar, procesar y sancionar en razón de que la amnistía aseguró la impunidad de los autores mediatos e inmediatos de la masacre”. Asimismo la “Ley de Amnistía ignora el derecho a la verdad” recogido en la Convención Americana, la cual “establece la obligación del Estado de satisfacer respecto a los familiares de las víctimas y la sociedad en general, el derecho a conocer la verdad sobre los hechos fácticos de las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en El Salvador y la identidad de quienes participaron en ellas”.

Apenas unos meses después de ser emitido este informe, en Marzo de 2000, José María Tojeira, Rector de la UCA, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de El Salvador para poner fin a la impunidad en el caso de los Jesuitas. La Fiscalía se inhibió argumentando que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debería pronunciarse previamente sobre la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Constitucionalidad que confirmó la Corte, no sin polémica, a finales de 2000.

En 2001, familiares de los Jesuitas presentaron un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, principalmente arguyendo la falta de tutela judicial efectiva extendida por el Estado de El Salvador en el caso de los Jesuitas. La Sala, integrada por 5 magistrados, emitió en 2003 una interesantísima sentencia, o más bien debería decir, un interesantísimo voto particular.

La sentencia recoge un voto mayoritario de 4 jueces desestimando el amparo, más de lo mismo. Pero tras deambular el lector de la sentencia, por un túnel sinuoso, oscuro, plagado de trampas semánticas y procesales, finalmente entra, a través del voto particular de la Magistrada Dra. Victoria Marina Velásquez de Avilés, en una casa donde la luz desborda por puertas y ventanas. La magistrada desmonta una a una las conclusiones de sus compañeros y destaca la trascendencia de las normas de derecho internacional sobre Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario (con especial énfasis en el Art. 3 de los Convenios de Ginebra), todas ellas vinculantes para El Salvador.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (IDHUCA), ante la resolución de la Sala de lo Constitucional rechazando la petición de Amparo, emitió un emotivo comunicado en el que critica la injusticia que encarna la decisión, y alude a la cobardía e ignorancia de los jueces. No exageró, el Instituto. Al final del comunicado el IDHUCA hace una interesante referencia a la dimensión internacional que se abre con la persistente negación de justicia: “Para beneficio de las víctimas e intranquilidad de victimarios, cómplices y funcionarios que los encubrieron antes y ahora, este tipo de resoluciones facilita el trámite en otras instancias internacionales. El Ejecutivo y los poderosos son buenos para ganar casos al interior de El Salvador, por lo que se sienten y creen intocables. Pero no se debe olvidar que tienen una larga trayectoria de inutilidad e ineficiencia en los tribunales internacionales…”.

Del camino por recorrer

Sin embargo, tras la presentación de la querella ante la Audiencia Nacional el pasado 13 de noviembre por parte de CJA y APDHE, José Maria Tojeira, actual rector de la UCA, declaró en rueda de prensa que la Compañía de Jesús y la UCA “respetan” la demanda pero que “desde hace años han tomado la decisión de actuar en el caso de los Jesuitas fallecidos exclusivamente con los instrumentos legales propios de El Salvador”. Explicó que la congregación no participará “en aquellas actividades judiciales que trasciendan el marco legal salvadoreño o las obligaciones derivadas de pactos o tratados firmados por El Salvador”. Tojeira también recordó que la Compañía de Jesús mantenía aún dos procesos abiertos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cuyas recomendaciones han sido hasta hoy ignoradas por el Estado salvadoreño). Añadió el rector: “Creemos que hay que trabajar fuerte en El Salvador para que nuestra institucionalidad funcione y nuestros propios mecanismos jurídicos y pactos internacionales funcionen”.

Al leer estas líneas, debo confesar que me invadió una sensación extraña. El compromiso de la Compañía de Jesús con el esclarecimiento del asesinato de sus compañeros está fuera de toda duda. Durante 19 años han mantenido viva la llama de su recuerdo y luchado con valentía y dignidad. ¿Por qué renunciar, entonces, a una herramienta adicional del sistema jurídico internacional cuyo recurso está plenamente justificado tras casi dos décadas de obstinada impunidad? Ignoro la profundidad en la que se hunden las raíces de esta postura y por ello evitaré caer en la tentación de especular sobre presiones e influencias que no puedo probar. Sin embargo, si considero apropiado introducir algún matiz a la argumentación pública del padre Tojeira, pues esos argumentos podrían ser usados, o tergiversados, por otros grupos con poco interés en la justicia.

Pareciera que el núcleo de su postura encuentra su base en la solución más clásica de la problemática que existe entre Soberanía y Jurisdicción Universal, la cual percibe el ejercicio de la jurisdicción de un país diferente al de la comisión de los crímenes contra la humanidad como una injerencia en la soberanía del Estado donde el crimen acaece. Pero, como explica Manuel Ollé Sesé en “Justicia universal para crímenes internacionales”, la pasividad del Estado que permanece inactivo ante la comisión de crímenes internacionales, incurre en responsabilidad internacional, y permite la intervención de otro Estado en representación de la comunidad internacional.

En cuanto al “marco salvadoreño” aludido por Tojeira, debe considerarse que en el ámbito de la represión de crímenes contra la humanidad resultaría improcedente establecer límites excluyentes entre jurisdicciones de los miembros de la comunidad internacional, miembros obligados a proteger el bien común de la dignidad humana. Añade Ollé, “si un Estado soberano incumple sus mandatos internacionales será otro Estado el que, en legitimo ejercicio de su soberanía colme esa laguna”.

El rector de la UCA también, y de forma muy sensata y acertada, concentra los esfuerzos en “trabajar fuerte en El Salvador” para que los mecanismos del país funcionen. Sin embargo, sería desafortunado deducir que la posible acción de la Audiencia Nacional española tendría un efecto neutralizador de la transformación nacional en El Salvador. Nada podría hacerse desde fuera, sin contar con la total implicación de la sociedad salvadoreña. El ejercicio de la jurisdicción universal por un tribunal español es un mero apoyo, importante apoyo, a todos los sectores de la sociedad salvadoreña que trabajan por la justicia y la verdad.

Mirando atrás, puede constatarse el efecto dinamizador que tuvo en Chile el, inicialmente polémico, proceso contra Pinochet iniciado en Madrid. El éxito no fue de la Audiencia Nacional española. El éxito fue de la sociedad chilena, que reabrió un debate cerrado en falso y lo resolvió con un cúmulo complejo de reformas políticas, institucionales y decisiones judiciales. Chile se fortaleció. Muchos preconizaron el desastre.
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De Hannah Arendt, Eichmann, Hitler y truchas en salsa de mantequilla o de la banalidad del mal

El pasado mes de Octubre volvió a brotar la polémica sobre la banalidad del mal. Un programa culinario de la televisión pública belga (VRT), dedicado a la difusión de las recetas favoritas de famosos (“Plat Préferé”, a cargo del chef Jeroen Meus), tuvo que cancelar la emisión de una entrega dedicada a Hitler y sus apreciadas truchas en salsa de mantequilla. La decisión de consagrar un programa a la figura de Hitler en una esfera tan mundana de su existencia fue mal recibida por diversos grupos. Michael Freilich, editor de un semanario judío, argumentaba que el contexto del programa banalizaba y humanizaba la figura de Hitler.

Banalidad nada banal, como puede juzgarse por la ya vieja controversia que se originara tras la publicación del trabajo de Hannah Arendt, “Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal” (1963) escrito a raíz del juicio contra Adolf Eichmann, encargado de la logística de transportes del Holocausto, en Jerusalén (1961) y donde Arendt participó como corresponsal “The New Yorker”. El juicio pasaría a la historia como uno de los más célebres y polémicos juicios inspirados en los principios de la jurisdicción universal.

Hannah Arendt, se sorprendió durante las vistas de la mediocridad intelectual del acusado. Le impresionaba, hasta provocar risa, la cantidad de estereotipos y lugares comunes que servían de argumentación a un hombre que había orquestado el transporte sistemático de miles de judíos hacia campos de exterminio. “No era tonto sino simplemente irreflexivo”, aclaraba Arendt en 1964, “y esto le habría predestinado para convertirse en uno de los mayores criminales de su época. Esto es banal, quizás incluso cómico. No se le puede encontrar profundidades demoníacas, por mucha voluntad que se le ponga. Aún así, no es ordinario. Que un tal alejamiento de la realidad e irreflexión en uno, puedan generar más desgracias que toda la maldad intrínseca del ser humano junta, eso era de hecho la lección que se podía aprender en Jerusalén”.

A cualquiera, pienso, le resulta comprensible que la tesis de la “banalidad del mal" pueda resultar provocadora y generar indignación, tal es el impacto que los autores de crímenes tan atroces tienen en el tejido moral de sociedades enteras, tal es el sufrimiento de las víctimas. Sin embargo es un error. La demonización del verdugo y la divinización de la víctima son resultado de la idealización de una injusticia insoportable. Nuestra conciencia se resiste a aceptar la humana naturaleza de un comportamiento tan aberrante. Cierto. Pero es humano, porque es ejecutado por hombres y mujeres, gente corriente, gente que no se detiene a pensar, que colabora, más por falta de reflexión que por obediencia, desde el confort de los lugares comunes de su grupo, de su ideología. Hombres y mujeres que conjuran el miedo a ser libres y a pensar por si mismos.

Comprender la banalidad del mal es el primer paso para comprender el mal, no para justificarlo. Humanizar al verdugo y a su víctima, aceptar que cualquiera de nosotros podría ocupar ese lugar, son pasos necesarios para evitar el mal. Pasos para recuperar la responsabilidad de los hombres y descargar así los hombros de ángeles y demonios.

De Obama y el Tribunal Penal Internacional (TPI) o de los jardines de la Atlántida

Es difícil imaginar una contribución más exquisitamente nefasta para la evolución de la Justicia Universal y la reducción de la impunidad que el legado dejado por el saliente Presidente George W. Bush: una coherente plétora de vejaciones físicas y morales inflingidas no sólo a los detenidos de su llamada “guerra contra el terror”, sino a la propia sociedad norteamericana y a la comunidad de países y ciudadanos que aspiran cotidianamente a la primacía de ley y el respeto de la dignidad humana.

La administración Bush no sólo revocó la firma depositada por su predecesor William J. Clinton en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (in extremis eso sí, al final de su mandato y con reservas para iniciar el proceso de ratificación hasta haber logrado mayores garantías para militares y ciudadanos norteamericanos frente a la jurisdicción del TPI). También se embarcó en una activa campaña de deslegitimación del TPI y negoció más de 100 Acuerdos Bilaterales de Inmunidad (BIA, siglas en inglés) para así evitar el posible enjuiciamiento de militares norteamericanos por el TPI. Asimismo rechazó la cooperación de EEUU con las investigaciones iniciadas por la Corte.

En efecto, desde un punto de vista técnico-jurídico, parece exhaustivo el esfuerzo. Y clinicamente, paranoico. Especialmente cuando se tiene en cuenta que la “amenaza” está encarnada por un tribunal destinado a juzgar los crímenes más atroces conocidos por la humanidad. Se va a necesitar una gitana muy poderosa que pueda conjurar el mal de ojo que ha echado el payo Bush a la Justicia Internacional. El nuevo Presidente de EEUU, Barack H. Obama, va a necesitar mantener las mangas de su camisa remangadas un buen tiempo antes de deshacer el entuerto. El ovillo tiene muchos cabos… y muchos nudos.

En las declaraciones más recientes sobre el TPI del entonces candidato (Octubre 2008), Obama afirmó que EEUU cooperaría con la Corte en la investigación de las causas que ésta hubiera abierto. También dijo a propósito de la relación de EEUU con el TPI: “Ahora que es operacional, estamos aprendiendo más y más acerca de las funciones del TPI. El Tribunal ha investigado sólo casos de los crímenes más graves y sistemáticos y es en el interés de América que los criminales más detestables, como los autores del genocidio en Darfur sean procesados. Estas acciones dan crédito a la causa de la justicia y merecen total apoyo y cooperación por la parte de los EEUU. Pero el TPI es todavía reciente, y muchos interrogantes se mantienen aún abiertos acerca del marco de sus actividades y es prematuro comprometer a los EEUU en cualquier dirección en este momento”.

Un mensaje esperanzador aunque complaciéndose en exceso en la pretendida incertidumbre de la Corte. Las funciones del TPI no se improvisan. Fueron objeto de una intensa negociación donde la delegación norteamericana, guiada por el Embajador David Scheffer, tuvo un lugar predominante. Acéptese de todas maneras el comentario como un gesto de prudencia, un guiño que prepara la segunda parte de su declaración: “Los EEUU tienen más tropas desplegadas en el extranjero que cualquier otra nación y ese ejército sobrelleva una parte desproporcionada de la carga que representa la protección de los norteamericanos y la preservación de la seguridad internacional. La máxima protección para los miembros de las fuerzas armadas debería acompañar este mayor riesgo. Por consiguiente, consultaré en detalle con nuestros comandantes militares y examinaré asimismo los precedentes del Tribunal antes de tomar una decisión acerca de si EEUU debería ser parte del TPI.”

Pero si bien el Pentágono incidirá en la firmeza, la dimensión política del acercamiento al TPI marcará la cadencia de los pasos del funambulista Obama sobre la cuerda floja de la Justicia Universal. Su anterior asesora en política internacional, Samantha Power, ya se había encargado de señalar los límites del camino: “Hasta que no hayamos cerrado Guantánamo, salido de Irak con responsabilidad, renunciado a la tortura y mostrado una cara diferente de América, la participación de EEUU en el TPI va a hacer pensar a otros países que el TPI es una herramienta de la hegemonía norteamericana. Si Obama ratificara el TPI o anunciara su apoyo desde el día uno, pasarían dos cosas. Uno, podría desacreditar al propio TPI en el corto plazo, y dos, sometería sus relaciones con las fuerzas armadas a una presión tal que sería difícil superarla. Hay mucha más diplomacia interna, conversaciones internas sobre soberanía y demás que deben tener lugar antes de que puedas pensar en ello.”

Sin embargo Power, no hace referencia al efecto legitimador que la ratificación del Estatuto del TPI podría tener en la tan esperada nueva política exterior norteamericana. Tanto es así que ya muchos analistas se plantean si es el TPI el que necesita a los EEUU o las EEUU al TPI… De todas formas, la integración formal de EEUU como estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional puede llevar tiempo. Pero acabara sucediendo. Aunque sea en un segundo mandato. No sólo habrán de vencerse las resistencias de un aparato militar que lleva más de 7 años trabajando sin guantes, acumulando escombro y sin la tarea hecha. También habrá de proyectarse una imagen renovada de la firmeza con la que EEUU se somete a sus propias leyes, de la coherencia con la que sus acciones están inspiradas por sus más altos valores. -

Construir siempre fue más laborioso que destruir. Levantar una columna es más difícil que derrumbarla. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Si no que se lo pregunten al jardinero de la Atlántida.
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De Kissinger y Garzón o de las transiciones que deben transitar

Los que hayan seguido la evolución de la doctrina de la Jurisdicción Universal en los últimos años se habrán acabando topando, antes o después, con una perversa joya de la elocuencia política: "The Pitfalls of Universal Jurisdiction: Risking Judicial Tryanny”by Henry Kissinger* Foreign Affairs July / August, 2001.

Kissinger se despacha a gusto en su crítica, no solo de la Jurisdicción Universal, sino también de lo que el consideraba entonces “los peligros” de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor poco tiempo después con la notable ausencia, aun sentida, de los Estados Unidos. El artículo recibió la replica eficaz de Kenneth Roth (“The case for Universal Jurisdiction” Foreign Affairs September /October, 2001).

Pero hoy quiero rescatar un párrafo, únicamente, del artículo de Kissinger. Un párrafo donde se alude al siempre delicado dilema entre Justicia y Paz. Justicia y Paz en sociedades transitando desde regimenes autoritarios hacia sociedades democráticas. Ese tándem, que para unos es excluyente y para otros, entre los que me incluyo, es puramente cuestión de engranaje, de secuencia.

Párrafo donde también se alude a la “incongruencia”, sostiene Kissinger, de que la solicitud de extradición de Augusto Pinochet, que destapara la caja de la Jurisdicción Universal en 1998, fuera presentada por un juez español. Incongruencia, explica Kissinger, de que un tribunal español quisiera juzgar crímenes contra la humanidad acaecidos en otros países cuando la misma España continuaba atormentada por las violaciones cometidas durante la guerra civil española y el régimen del General Francisco Franco.
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"Perhaps the most important issue is the relationship of universal jurisdiction to national reconciliation procedures set up by new democratic governments to deal with their countries' questionable pasts. One would have thought that a Spanish magistrate would have been sensitive to the incongruity of a request by Spain, itself haunted by transgressions committed during the Spanish Civil War and the regime of General Francisco Franco, to try in Spanish courts alleged crimes against humanity committed elsewhere”.-
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Pues bien, 10 años después, ese mismo juez instructor de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acaba de emitir un auto por el que se declara competente para investigar "las detenciones ilegales, sin dar cuenta del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad" ocurridas en España desde el inicio de la guerra civil en 1936 hasta 1952.

Acaso las transiciones tengan un tiempo, un ritmo incierto. Pero sean.

In memoriam

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Al filo de la medianoche del día de Todos los Santos se me antoja un momento auspicioso, como diría el oráculo, para dejar rodar este blog.

En memoria de todas las víctimas de crímenes contra la humanidad y sus familias. Por la restitución de su dignidad y la de aquellos que permanecemos, testigos inexcusables.
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